El Gobierno nacional prorrogó por un año la confección definitiva de los cuadros tarifarios para los servicios de electricidad y gas e instruyó a los organismos de control el diseño de un esquema de “transición” hasta que pueda alcanzarse el acuerdo final.
A su vez, prorrogó las intervenciones en el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y la del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).
Ambas decisiones fueron tomadas a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 815/2022 publicado hoy en el Boletín Oficial.
La norma dictada hoy prorroga los alances del Decreto 1020/2020 que había ordenado la “Revisión Tarifaria Integral” que tenía por objeto adecuar el costo de los servicios públicos en un plazo no mayor a dos años.
En consecuencia, al no haberse alcanzado el nuevo cuadro tarifario, el Gobierno prorrogó por un año, hasta el fin del mandato de Alberto Fernández, el plazo para diseñarlo.
Al mismo tiempo, instruyó al ENRE y al ENARGAS para que propendan a confeccionar “una adecuación tarifaria de transición” hasta que se alcance el cuadro definitivo.
Entre los considerando del decreto se justificó la postergación dado que “el mecanismo de renegociación seleccionado, respecto de la RTI (Revisión Tarifaria Integral) requiere la proyección tanto de indicadores propios de la industria de la energía eléctrica y del gas, como así también macroeconómicos, los que a su vez se encuentran vinculados entre sí”.
Acto seguido remarca el aumento de los precios internacionales de la energía “generado por el incremento de la demanda internacional, determinado por el crecimiento de la actividad económica post pandemia y asociado a velocidades incongruentes con las reales posibilidades de los países centrales en sus políticas y planes de transición energética, que generaron un primer salto muy significativo de los costos energéticos mundiales”.
Además sumó a este escenario las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania.
El Poder Ejecutivo aprovechó la oportunidad para indicar en las razones para dictar este DNU que “las políticas tarifarias aplicadas desde el año 2016 hasta el año 2019 implicaron una reducción de los ingresos de los hogares en términos reales, con incrementos tarifarios muy por encima de los ingresos de la población, en un contexto de grave crisis económica”.
Aprovechando esa argumentación sostuvo que “resulta oportuno y conveniente mantener la razonabilidad tarifaria en el actual contexto de recuperación económica y evitar una desarticulación del esquema tarifario que repercuta negativamente en el ingreso disponible de los hogares e implique aumentos considerables en los costos de producción de la industria”.
