Juntos por el Cambio denunciará penalmente al presidente Alberto Fernández por su decisión de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a la disputa por los fondos de coparticipación reclamados por la Ciudad, ya que considera que está cometiendo los delitos de "alzamiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia".
Serán, al menos, tres presentaciones ante la Justicia Federal: una de la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, y dirigentes de ese partido, otra de la Unión Cívica Radical y la de los legisladores porteños Roberto García Moritán y Yamil Santoro del espacio Republicanos Unidos.
La chaqueña y referentes de su espacio advirtieron que los funcionarios del Gobierno "quieren chocar las instituciones pero van a perder, no lo van a lograr".
Junto a Carrió, firmarán la demanda el presidente de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro; el jefe de la bancada partidaria en la Cámara de Diputados, Juan Manuel López; las legisladoras nacionales en representación de la Ciudad Paula Oliveto y Mariana Zuvic; y los ediles porteños Facundo del Gaiso; Hernán Reyes, Cecilia Ferrero y Lucia Romano.
Legisladores radicales también recurrirán a la Justicia con la misma acusación contra el mandatario, quien afirmó que el fallo de la Corte Suprema es "inédito, incongruente y de imposible cumplimiento".
"Hay distintos actores: el Presidente, que se niega a cumplir una resolución de la Corte, pero también los ministros, que fueron notificados; los gobernadores que suscriben en la comunicación y que no sólo incumplen sino que desconocen el valor de la resolución de la Corte", señaló la diputada nacional de la UCR Mariana Stilman.
En diálogo con Esta Mañana, el programa conducido en esta jornada por Ari Paluch en Radio Rivadavia, la dirigente opositora remarcó que "cada uno de los involucrados deberá responder en la medida de sus acciones y omisiones ante la Justicia" y afirmó que lo que está haciendo el Gobierno nacional es "rebelarse contra la decisión del máximo tribunal".
"En principio, la responsabilidad está en cabeza del Presidente, del jefe de Gabinete (Juan Manzur), del ministro de Economía (Sergio Massa), del Interior (Eduardo `Wado´ De Pedro)", concluyó Stilman, quien recordó que este viernes es "el segundo día de desacato".
Por su parte, los legisladores de Republicanos Unidos Yamil Santoro y Roberto García Moritán consideraron que "la decisión del presidente pretende dar una apariencia de legitimidad al grave delito de sedición", y denunciaron al mandatario dado que consideran que "se alzó de manera pública contra el Poder Judicial argentino, para impedir el cumplimiento de una decisión de dicho poder, al negarse a obedecer una medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
Para los legisladores, Fernández "pretende eludir el cumplimiento de una sentencia que ya es cosa juzgada, atacándola por supuestos defectos que, aún en caso de existir, no justifican los remedios judiciales elegidos".
"Tanto el recurso de reposición interpuesto contra la sentencia, como la recusación de todos los integrantes del máximo tribunal que ha anunciado el Ejecutivo, resultan remedios procesales manifiestamente improcedentes que solo pretenden dar una apariencia de legitimidad a una clara decisión de incumplir con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", detallaron los denunciantes.
La respuesta conjunta de Juntos por el Cambio
A través de un comunicado, los referentes de la principal coalición opositora expresaron su más enérgico repudio y sostuvieron que "no es opcional acatar un fallo de la Justicia, es esencial para convivir en sociedad y en estado de derecho". "Abandonar estos principios es la antesala a poner en juego la República y la democracia. Es hora de terminar con la impunidad y los privilegios en la Argentina", subrayaron.
"No se puede elegir si la Constitución se cumple o no. Un fallo de la Corte en esta materia es la última palabra de la legalidad. Desde JxC no vamos a admitir vivir en un país en que la ley sea optativa. La ley debe ser cumplida por todos y principalmente por aquellos que ejercen el poder y deben dar el ejemplo", sostuvieron.
En la misma línea, agregaron: "Poner en tela de juicio la Constitución desde la cúspide del poder político no sólo pone en peligro el funcionamiento de las instituciones, sino también la seguridad jurídica y contractual de todos los argentinos. El incumplimiento de lo dispuesto por la Corte por parte del Gobierno Nacional representa un conflicto institucional y de poderes sin precedentes en la historia de nuestro país".
