l esquema, según describe Rolando Graña, no solo implicaba el cobro de coimas —que habrían pasado del 5% al 8%—, sino que introdujo una metodología de blanqueo moderna: el uso de criptomonedas para borrar el rastro del dinero. A través de cuevas financieras y empresas intermediarias, el retorno de los fondos se volvía casi indetectable. El editorial también pone el foco en la "responsabilidad política" de quienes designaron a estos funcionarios, señalando un silencio sepulcral desde los sectores que prometieron transparencia y auditorías implacables.
Más allá de los procesamientos, el caso deja interrogantes abiertos sobre el rol de grandes droguerías y la posible conexión con figuras de alto rango político. Mientras la justicia avanza sobre las pruebas recolectadas en allanamientos, la sociedad asiste a la revelación de un mecanismo donde la ética parece haber sido moneda de cambio.
¿Hasta dónde llegaba la red de recaudación y quiénes permitieron que el quinto presupuesto más grande del país fuera saqueado?
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