La visita papal dejó un fuerte impacto político tras los discursos enfocados en las problemáticas sociales y los sectores vulnerables. Desde la Casa Rosada intentaron amortiguar los cuestionamientos catalogándolos como un mensaje pastoral amplio; ante esto, el canciller afirmó: “tomamos nota de todos los conceptos vertidos por el Papa”. Sin embargo, el análisis periodístico advirtió que la postura de fondo de la gestión de Javier Milei se mantiene firme y sin intención de alterar el rumbo fijado.
A la tensión por los discursos se sumó el escándalo en torno al armado del evento y una carpa exclusiva instalada a metros del escenario principal. Mientras millones de fieles soportaban el rayo del sol, funcionarios y figuras públicas contaron con un espacio de lujo climatizado. Este sector fue calificado en el debate como un “VIP del infierno”, generando un profundo malestar en las autoridades de la Iglesia por el fuerte contraste con la consigna del encuentro.
La controversia escaló al revelarse que el operativo se gestionó mediante una contratación urgente con un único oferente que rondó los 8.690 millones de pesos. Diversos legisladores ya preparan pedidos de informe en el Congreso para determinar las responsabilidades administrativas de la Secretaría General de la Presidencia y Cancillería. El eje de los reclamos se centra en por qué se recurrió a una adjudicación directa millonaria en lugar de abrir una licitación pública ordenada.
